Núcleo Nacional, organización neonazi desarticulada esta semana, expulsó a una mujer de la delegación de Murcia “que era judía” y a un militante de Valencia por su supuesta ascendencia gitana, como parte de un plan para implantar la “raza pura” en sus filas, según se desprende del sumario al que ha tenido acceso la Policía Nacional. También se expulsó a miembros por sus vínculos con ciudadanos árabes y latinoamericanos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón sostiene que estas decisiones se tomaron con criterios supremacistas como parte de una política interna de purga racial. “Nuestro blindaje legal”, dijeron sus responsables al justificar la creación de un partido político llamado Noviembre Nacional, registrado en febrero para eludir su ilegalización por delitos de odio. La estructura de Núcleo Nacional incluía un juramento ideológico y una exigencia de que los miembros fueran de países europeos, salvo excepciones justificadas por ancestros españoles o alemanes. “Sangre, suelo y tradición” era el lema que resumía su ideario, respaldado por discursos supremacistas y planes organizados para hostigar a minorías religiosas, especialmente musulmanes y judíos, e incluso propuestas de acción violenta como la de “incineraciones”. Seis años después de denuncias por amenazas en redes y agresiones espontáneas en Asturias, la Policía detuvo recientemente a catorce miembros de la cúpula en varias provincias. Se les imputan delitos de odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas. De ellos, diez quedaron en libertad con medidas cautelares como retirada de pasaporte y prohibición de salir del país.
Núcleo Nacional y su ilegalización posible bajo la normativa española
La Ley Orgánica 6/2022 introdujo modificaciones al Código Penal español, específicamente al artículo 510, para tipificar penas de uno a cuatro años de prisión y multas de seis a doce meses a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas por su pertenencia a grupos reconocidos por motivos racistas, antisemitas o antigitanos, entre otros. También sanciona la producción o difusión de material con contenido incitador del odio. Estas modificaciones refuerzan la capacidad de la Justicia para perseguir penalmente, y eventualmente ilegalizar, colectivos dedicados al extremismo basado en odio.
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Historia del caso y precedentes en Asturias
El origen de la investigación se sitúa en Asturias, cuando un menor denunció en noviembre de 2024 agresiones por parte de jóvenes vinculados al grupo ultra juvenil White Boys, integrado posteriormente en Núcleo Nacional como cantera para la captación de nuevos militantes. Desde entonces, las autoridades detectaron una estructura orgánica y jerarquizada que elaboraba planes y discursos violentos contra minorías.
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Más recientemente, la Policía interceptó comunicaciones internas en las que se hablaba de atacar mezquitas, sinagogas, reventar manifestaciones, o “incineraciones grupales”, así como viajes a Ucrania para recibir entrenamiento paramilitar. Estas diligencias llevaron a las detenciones recientes y al procesamiento de miembros tanto mayores como menores de edad.
