Estas prácticas podrían vulnerar el ‘principio de no devolución’ y podrían aplicarse también a niños, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su enorme preocupación ante la deriva de las negociaciones del Pacto y el acuerdo al que han llegado los 27 Estados miembro con el que abren la puerta de par en par a incluir excepciones y derogaciones de las garantías de asilo europeas, que según la organización “alejan aún más la necesidad de construir Sistema Europeo Común de Asilo solidario, eficaz, humano y garantista”.
En la víspera de la cumbre informal de líderes de la UE en Granada, los Estados miembro han adoptado la última posición que quedaba pendiente sobre el conjunto de las propuestas legislativas del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En concreto, se ha adoptado un mandato de negociación del Consejo con el Parlamento Europeo sobre el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor para dar paso a la fase de diálogos tripartitos, entre estas dos instituciones y la Comisión Europea.
CEAR denuncia que este Reglamento podría imponer más obstáculos para acceder al procedimiento de asilo, en lugar de garantizar el acceso rápido a la protección para quienes necesitan refugio, como se hizo con la activación de la Directiva de Protección Temporal para las personas desplazadas como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.
La organización rechaza la introducción de conceptos indeterminados como “instrumentalización de la migración” y “fuerza mayor”, ya que son susceptibles de una interpretación amplia por parte de los Estados miembro y podrían servir para eludir sus obligaciones en materia de asilo. Asimismo, señala que abre la puerta a la criminalización del trabajo humanitario pudiendo considerar las operaciones de salvamento marítimo que realizan las ONG como “desestabilizadoras” de la Unión Europea, una medida reclamada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.
“El esperado Pacto de Migración y Asilo se está convirtiendo en una amenaza para las personas refugiadas, que verán como sus derechos y sus vidas cada vez valen menos en las fronteras de Europa”, lamenta Estrella Galán, directora general de CEAR.
Entre otras cuestiones, alerta de que se permitiría a los Estados miembro de la UE canalizar hacia el procedimiento fronterizo acelerado las solicitudes de asilo a nacionales de países cuya tasa de reconocimiento sea inferior al 75%, un criterio discriminatorio y contrario al artículo 3 de la Convención de Ginebra, y que se podría aplicar incluso a niños, niñas y otras personas en situación de vulnerabilidad, sin ninguna garantía de protección, cuando un país considere que se está instrumentalizando a estas personas.
Además, el nuevo Reglamento acordado por el Consejo plantea que las personas migrantes y refugiadas puedan permanecer hasta 20 semanas en condiciones de detención en las fronteras y que exista un mecanismo de solidaridad a la carta, con el cual los países puedan optar por reubicaciones, o bien aportar una cantidad económica para retornar a estas personas, o bien financiar proyectos de externalización y control de fronteras.
Lo que sí celebra CEAR es que se mantengan las condiciones mínimas de acogida para las personas que logren superar todos estos obstáculos, ante las amenazas que planeaban para rebajar los estándares. También que se amplíe la Directiva de Protección Temporal hasta marzo de 2025 para personas procedentes de Ucrania, aunque lamenta que no se extienda a otras personas que huyen de otras emergencias humanitarias olvidadas, como la de Siria o Afganistán, entre otras.
