Vox afronta en Castilla y León un escenario complejo de cara a las elecciones autonómicas previstas antes del 15 de marzo de 2026. La comunidad donde el partido de Santiago Abascal entró por primera vez en un gobierno autonómico en 2022 se ha convertido ahora en una prueba de fuego para medir su capacidad de recuperación.
El desgaste tras la salida del Ejecutivo autonómico en verano de 2024, motivada por sus discrepancias con el PP en política migratoria, se refleja en los sondeos. La última encuesta publicada en junio rebajaba la intención de voto al 13,2%, cuatro puntos menos que en los comicios de hace tres años, cuando Vox alcanzó un histórico 17,6% y se convirtió en socio imprescindible para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera gobernar.
La marcha de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta y figura clave del partido en la región, ha dejado un vacío de liderazgo. Aunque Vox insiste en que lo relevante es la “marca” y no el candidato, su ausencia ha reabierto las especulaciones sobre quién encabezará la lista. Entre los nombres que suenan figuran Carlos Pollán, presidente de las Cortes, y David Hierro, actual portavoz parlamentario, que ha ganado visibilidad con sus críticas al Ejecutivo autonómico por la gestión de los incendios.
A la incertidumbre sobre el liderazgo se suman las crisis internas: dos consejeros autonómicos dejaron el partido tras la ruptura con el PP, y dos procuradores fueron expulsados este año por promover un movimiento crítico, reduciendo de 13 a 11 los escaños de Vox en las Cortes.
En este contexto, la dirección nacional ya prepara la estrategia electoral. Pese a la caída en apoyo, el partido confía en volver a ser decisivo para la gobernabilidad de Castilla y León, como ya lo fue en 2022, y aspira a recuperar influencia en el nuevo ciclo político.
