El juez Pedraz abre una pieza separada económica en la Audiencia Nacional e imputa a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver. Las pesquisas investigan si se estructuró una red para entorpecer causas judiciales que afectan al Gobierno.
MADRID. La investigación sobre la presunta red opaca vinculada al Partido Socialista ha dado un salto cualitativo en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el rastreo de un entramado financiero compuesto por 81 cuentas corrientes en 12 entidades bancarias. El objetivo prioritario es determinar si a través de estos depósitos se remuneraron los servicios de la presunta «fontanera» de la trama, Leire Díez.
Dentro de las más de 80 cuentas objeto de escrutinio, más de 60 se encuentran directamente vinculadas al abogado Ismael Oliver, bien a su nombre o a través de sociedades bajo su control, como Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver & Partners. En la nómina de depósitos analizados también figuran cuentas asociadas al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, al letrado Jacobo Teijelo y a la publicación Crónica Libre.
Imputaciones en la cúpula de Ferraz para septiembre
El magistrado ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 9 de septiembre a la directora gerente federal del PSOE, Ana María Fuente Pacheco, y al propio abogado Ismael Oliver.
Según los informes remitidos por la UCO al juzgado, la gerente de la formación socialista habría actuado presuntamente bajo las directrices del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, e intermediado por Leire Díez para simular notas de encargo profesional. El fin de este mecanismo habría sido canalizar fondos del partido hacia despachos de abogados —con un límite de facturación fijado en 4.500 euros mensuales en el caso del bufete de Oliver— para transferir posteriormente esos recursos a Leire Díez.
Control de causas judiciales y la defensa del ‘caso Koldo’
Las diligencias judiciales tratan de esclarecer si la estructura investigada se constituyó formalmente para interferir, desviar u obstaculizar procedimientos judiciales en marcha que afectaban al Ejecutivo o al entorno de la sede central de Ferraz.
En este contexto cobra especial relevancia el papel de Ismael Oliver, quien asumió en las fases iniciales la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la asignación de dicha defensa formó parte de un plan diseñado para supervisar desde el interior la estrategia procesal de los principales imputados y controlar la aportación de pruebas a las fuerzas de seguridad.
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Para preservar la confidencialidad de las actuaciones y evitar filtraciones, el juez Pedraz ha dispuesto que la documentación económica permanezca custodiada en una pieza separada fuera de la causa principal.
