María Tardón reclama todas las alertas previas a la crisis y ordena investigar las convocatorias digitales, la financiación y la posible organización de la movilización
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio con la citación como testigos del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, el exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, y el jefe de la Policía Local.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha acordado estas diligencias dentro de una amplia batería de actuaciones destinadas a esclarecer cómo se organizó la movilización, qué información previa existía y qué organismos recibieron posibles alertas antes de la llegada masiva de personas a la frontera.
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Vivas ha sido citado para el próximo 30 de septiembre, mientras que Gonzalo Sanz y el mando de la Policía Local deberán comparecer el 1 de octubre.
La jueza pide todas las alertas previas
Entre las principales diligencias acordadas figura la solicitud de todas las alertas emitidas antes de la entrada masiva y sus destinatarios.
La magistrada considera esta actuación de especial relevancia para determinar qué información manejaban previamente las instituciones españolas y qué comunicaciones fueron trasladadas a los distintos organismos encargados de la seguridad fronteriza.
La petición se dirige a diferentes unidades policiales y militares, entre ellas organismos vinculados a la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior y Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La investigación busca reconstruir la cadena de información previa a los acontecimientos y conocer si existían avisos sobre una posible concentración o movilización organizada.
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Investigación tecnológica sobre redes sociales
El auto de 18 folios también incluye solicitudes de información a grandes plataformas digitales como Meta, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Google y Apple.
La jueza pretende obtener datos sobre posibles convocatorias difundidas a través de internet durante los días anteriores al 30 de julio, cuando miles de personas intentaron acceder a Ceuta por la zona del Espigón de El Tarajal.
Para ello, Tardón ha acordado abrir una pieza separada de investigación tecnológica, que tendrá carácter secreto, con el objetivo de analizar la información obtenida de estas compañías.
Análisis biométrico y estudio de posibles organizadores
La magistrada también ha solicitado a distintas unidades policiales informes sobre los supuestos dinamizadores de la movilización.
Entre las actuaciones requeridas se incluye un análisis biométrico y de reconocimiento facial para tratar de identificar a personas que pudieran haber participado en la organización de los hechos.
Además, reclama informes para determinar qué grupos, personas u organizaciones podrían haber tenido capacidad para planificar una movilización de estas características.
Estos análisis deberán estudiar posibles similitudes con otros episodios anteriores de entradas masivas registrados en los años 2021, 2024 y 2026.
Un informe financiero para analizar la logística
Otra de las líneas de investigación se centrará en la posible financiación necesaria para organizar el desplazamiento de miles de personas.
La jueza ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe financiero para analizar posibles movimientos económicos relacionados con la movilización.
El documento deberá estudiar aspectos como transferencias informales de dinero, sistemas conocidos como hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier operación que pudiera estar vinculada con la logística necesaria.
La magistrada señala que una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas requeriría recursos materiales y económicos.
Investigación sobre inmuebles utilizados en Ceuta
Dentro de las diligencias acordadas también se incluye la identificación de posibles viviendas, locales, garajes e inmuebles utilizados por migrantes para permanecer ocultos en la ciudad autónoma.
La jueza pretende así completar la investigación sobre la dimensión de la movilización y conocer todos los elementos que pudieron intervenir en los acontecimientos que provocaron una de las mayores crisis migratorias recientes en Ceuta.
