Una delegación encabezada por Miguel Borra exige al Parlamento Europeo que investigue la gestión del Ministerio del Interior, la falta estructural de recursos y la desprotección de los empleados públicos en la ciudad autónoma.
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BRUSELAS.— La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado un paso decisivo ante las instituciones comunitarias. El sindicato más representativo en las administraciones públicas ha presentado formalmente este jueves una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que abra una investigación sobre las actuaciones del Gobierno español durante la crisis migratoria y de servicios en Ceuta, al considerar que se está produciendo un incumplimiento sistemático de las directivas y reglamentos de la Unión Europea.
Una delegación de la central sindical, liderada por su presidente, Miguel Borra, se ha desplazado hasta Bruselas para reunirse con representantes de la Comisión Europea. Durante los encuentros, el sindicato ha advertido de que la situación en la ciudad autónoma no responde a un episodio coyuntural, sino a una «deficiencia estructural y falta de planificación» del Ejecutivo central que ha llevado al colapso de las infraestructuras públicas y pone en grave riesgo la seguridad y salud de los trabajadores.
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Vulneración de reglamentos y normativa europea
En el escrito registrado ante la Eurocámara, CSIF señala directamente al Ministerio del Interior y detalla un abanico de presuntas infracciones a la legislación europea, afectando a pilares fundamentales como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o la Directiva Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo:
- Código de Fronteras Schengen (Art. 15): La norma obliga a los Estados miembros a desplegar personal y medios suficientes en las fronteras exteriores. CSIF denuncia que la dotación en Ceuta ha sido claramente deficitaria.
- Reglamento sobre Screening: Denuncian la vulneración sistemática del plazo límite de 3 días fijado por la UE para completar los procesos de triaje e identificación.
- Normativa Frontex: Cuestionan la falta de coordinación y la omisión de mecanismos europeos de auxilio y gestión migratoria.
Radiografía del colapso: del colapso hospitalario al desbordamiento en prisiones
El informe técnico elaborado por CSIF dibuja un panorama de extrema gravedad en los sectores clave de la administración pública en la plaza ceutí:
- Seguridad Ciudadana: El sindicato tilda de «manifiestamente insuficiente» la respuesta de Interior. Destacan que la Unidad de Intervención Policial (UIP) contó con solo 180 efectivos (apenas 60 por turno) para dar cobertura a una población de 85.000 habitantes frente a picos de entradas de hasta 80.000 personas.
- Sanidad (Ingesa): Se denuncia una sobrecarga límite en urgencias y servicios forenses, sumada a la ausencia de protocolos de seguridad biológica para atender el volumen de personas sin triaje previo.
- Prisiones y Justicia: El incremento de la población reclusa en el Centro Penitenciario amenaza con desbordar la capacidad operativa, por lo que el sindicato exige limitar el número de internos. En el ámbito judicial, advierten de la indefensión de los funcionarios durante actuaciones fuera de la sede.
- Emergencias y Menores: Cuadros de agotamiento psíquico en las plantillas de Salvamento Marítimo y Bomberos tras las intervenciones en el Tarajal, junto a un hacinamiento crítico en los centros de menores que compromete la integridad física del personal.
- Función Pública y RPT: La central sindical exige actualizar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «desfasada e infradimensionada», donde existen decenas de plazas dotadas presupuestariamente pero nunca convocadas, lo que incurre en un abuso de la temporalidad contrario a la Directiva 1999/70/CE.
Las exigencias a la Unión Europea
A través de esta iniciativa, CSIF insta a las autoridades europeas a auditar de manera minuciosa si el Estado español ha dispuesto los medios mínimos para garantizar la custodia de la frontera exterior de la UE, si se están respetando los procedimientos de asilo y retorno, y las razones por las que no se activaron con garantías los mecanismos comunitarios de gestión de crisis.
