El informe sobre la propuesta del Gobierno para agilizar las devoluciones señala incompatibilidades con el marco legal europeo y la Constitución, advirtiendo de que una redacción deficiente podría saturar la Audiencia Nacional.
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Un estudio técnico elaborado por el exeurodiputado Jordi Cañas sobre el borrador de real decreto-ley preparado por el Gobierno central para acortar plazos y agilizar las devoluciones de migrantes en Ceuta concluye que la normativa provisional contiene importantes objeciones de legalidad. Aunque el texto busca responder a la situación de emergencia declarada en la ciudad tras las entradas masivas de finales de julio, el análisis advierte de que varias de sus disposiciones contravienen la Constitución Española y el Derecho de la Unión Europea.
Entre los aspectos más controvertidos, Cañas señala la vulneración del principio de no devolución (non-refoulement), la fijación de plazos para recurrir de tan solo cinco días en determinados supuestos, y el uso del Boletín Oficial del Estado (BOE) como vía principal para notificar las resoluciones. A su juicio, estos puntos desprotegen los derechos de los solicitantes y abren la puerta a una cadena de impugnaciones judiciales que terminaría colapsando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, logrando el efecto contrario al deseado.
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El informe reconoce que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permite adoptar procedimientos acelerados —especialmente para solicitantes procedentes de países catalogados como seguros, entre los que la UE incluye a Marruecos— y prescindir de trámites colegiados como la evaluación previa de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR). Sin embargo, enfatiza que la efectividad real de los retornos depende de los acuerdos bilaterales con el país vecino y no únicamente de la agilización administrativa en España.
Como alternativa para evitar la nulidad judicial del decreto, Cañas insta al Ejecutivo a elaborar un texto depurado que garantice el control judicial individualizado, dote de más recursos a los juzgados y recurra formalmente a los mecanismos europeos de crisis y fuerza mayor previstos en el Reglamento (UE) 2024/1359, en lugar de ampararse exclusivamente en la declaración nacional de interés para la seguridad nacional.
