Tras el desalojo de la nave del Tarajal, que ha pasado a funcionar como centro en el las personas migrantes que llegan a Ceuta pasan la cuarentena, son varias las personas que se han visto forzadas a quedar en situación de calle. Desde la Ciudad sostienen que se están realizando «gestiones» para encontrar un espacio en el que puedan pernoctar, pero aseguran que es la Administración General del Estado la que tiene dar una respuesta
La vicepresidenta y consejera de Presidencia y Gobernación, Mabel Deu, ha señalado en rueda de prensa que «la Ciudad adquirió un compromiso con el Gobierno de la Nación y en particular con la Secretaría de Estado de Inmigración, para hacernos cargo de la atención humanitaria» de trabajadores/as residentes al otro lado de la frontera y de personas migrantes que se encontraban en situación de calle durante la pandemia. «Han sido muchas las albergadas en los dos dispositivos que se pusieron en marcha, tanto el pabellón La Libertad como el pabellón Santa Amelia» ha recordado.
Además, Deu ha señalado que también se adquirió con la Secretaría de Estado que la Ciudad sería responsable de aplicar el protocolo sanitario a todas las personas migrantes que lleguen a Ceuta mediante vías no seguras. Dicho protocolo consiste básicamente en la realización de una PCR a su llegada y en imponer un periodo de cuarentena -actualmente es de diez días- que se debe guardar con independencia del resultado que arroje la prueba. No obstante, una vez concluido ese periodo de asilamiento, la Ciudad entiende que es el Estado quien debe hacerse cargo de estas personas. De hecho, el CETI, en teoría, está para eso.
El problema surge cuando la persona migrante que llega a Ceuta es de origen marroquí y no es solicitante de asilo. En condiciones normales, la mayoría de migrantes marroquíes mayores de edad interceptados en Ceuta serían devueltos a Marruecos con un expediente de expulsión, pero con la frontera cerrada esta posibilidad no existe, aunque Deu ha deslizado que el Gobierno de la Nación estaría negociando el asunto de las repatriaciones forzosas.
En cualquier caso, la Administración no facilita la acogida en el CETI de las personas migrantes que se encuentran en situación de calle actualmente y no ha ofrecido a la Ciudad ninguna alternativa, a pesar de que Deu ha asegurado que desde el Ejecutivo local se solicitado «por activa y por pasiva». La Ciudad en este sentido ha reclamado al Gobierno desde la posibilidad excepcional de albergar a estas personas en el CETI hasta la cesión de instalaciones como la antigua cárcel de Los Rosales, un espacio del Centro Penitenciario o una instalación militar en desuso.
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Hasta ahora estas personas pernoctaban en la nave del Tarajal. Sin embargo, tras el regreso de casi 400 personas en las tres repatriaciones que se llevaron a cabo a primero de mes mediante los «pasillos humanitarios», se procedió a desalojar la nave en la que todavía residían quienes no quisieron regresar voluntariamente a su país sin ofrecerles una alternativa habitacional y desde entonces la nave funciona como centro de cuarentena para recién llegados.
En la actualidad, la nave del Tarajal acoge a unas 29 personas que están pasando sus respectivos periodos de aislamiento. Una vez los superen, las que sean de origen marroquí y mayores de edad, se verán abocadas a vivir en la calle. Es la misma situación que ha denunciado recientemente el sindicato de Comisiones Obreras reclamando a la Ciudad que ofrezca una solución a 12 jóvenes, que hasta hace poco eran menores de edad tutelados por el Ejecutivo local, y que han quedado en situación de calle tras el cierre de la nave del polígono comercial.
