Es preciso recordar que las personas que con internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) no han cometido ningún delito. Es preciso recordar que el derecho a la atención médica es un derecho humano universal reconocido en numerosos países, entre otros, España.
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También es preciso recordar que la justicia es una herramienta que permite luchar contra la impunidad con el objetivo de no facilitar que los delitos y las vulneraciones de derechos que estos implican se repitan sin mayores consecuencias. Conviene recordar que el Estado español tiene la obligación de proteger a las víctimas de violencia sexual y de trata. Pues bien: a Martine Samba, que huía de la violencia endémica que azota su país, se la dejó morir, sin la atención sanitaria adecuada y que ella había reclamado más de 10 veces, encerrada en el CIE de Aluche, sin nombre, con el número 3106; casi ocho años después de la muerte de la congoleña, de las tres personas acusadas de “homicidio por imprudencia”, solo una se sentará en el banquillo: las otras dos, se encuentran en paradero desconocido, prófugas de la justicia.
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El juicio por la muerte de la congoleña Samba Martine ocurrida el 19 de diciembre de 2011 comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal nº 21. Han sido 7 años de dejadez institucional, que no han sido utilizados para recabar pruebas, investigar y hacer justicia, sino que han facilitado la huida de quienes fueron responsables directos e indirectos de esta muerte y el olvido de una situación que ilustra la deshumanización a la que nos enfrentamos.
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Muerte bajo custodia del Estado
“En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la Justicia que merece, y que el Estado español le debe”, afirman en un comunicado las organizaciones que ayer convocaron a una concentración a las 11:30 frente a los Juzgados, en la calle Julián Camarillo 11.
“Se trata de una muerte ocurrida bajo la custodia del Estado, que cuando encierra a una persona se convierte en el garante de la vida, la salud y sus derechos, por cuanto le compete un especial deber de diligencia en la investigación, tal y como dicta la doctrina del Tribunal Constitucional, que recoge la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirman.
Huía de la violencia generalizada y de la violencia sexual contra las mujeres
Para empezar, Samba no tendría que haber ingresado en un CIE. Había reclamado protección y asilo. Como señala la abogada Patricia Fernández Vicens, en la RD Congo la violencia es “generalizada” y “la violencia sexual contra las mujeres es endémica y es utilizada como arma de guerra”. “Nada de esto se tuvo en cuenta, no se le permitió acceder al procedimiento de protección internacional y por el contrario, y en contra de lo que prescribe nuestra legislación, Samba fue internada en un Centro de Internamiento de Extranjeros donde encontró la muerte”.
En el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde Samba Martine, de 40 años, había pasado un tiempo tras llegar a España, se le detectó el VIH, información que no se compartió con el personal médico de Madrid. En el CIE de Aluche pasó sus últimas horas agonizando. Y su agonía condenó también a sus seis compañeras de celda a verla morir ante la indiferencia de las autoridades.
Había acudido a la enfermería 11 veces, pero solo recibió analgésicos, ansiolíticos y técnicas de respiración. El día de su muerte, el 19 de diciembre de 2011, ya no se mantenía en pie. Cubierta con mantas en el suelo, con dificultad para respirar, pidió ayuda por última vez. La enfermera no acudió a auxiliarla y Samba Martine acabó siendo trasladada a un hospital en un coche patrulla y no en ambulancia. Murió seis horas después. Estaba enferma, era portadora del VIH, y en los 38 días que pasó internada por haber entrado irregularmente en España se consumió por una infección que, según se desprendió de su autopsia, solo es letal sin el tratamiento adecuado. La detuvieron gravemente enferma. No la atendió ningún especialista. No le dieron la medicación que la habría salvado.
El juicio comienza tras 7 años y medio
Tras siete años y medio, ayer comenzó el juicio y en el banquillo se sentó solo un acusado, el médico Fernando Hernández, que la atendió en dos ocasiones. Como hemos dicho, las otras dos personas imputadas, la enfermera que ignoró la gravedad de su estado el día de su muerte y el doctor que más la trató durante su estancia en el CIE, están prófugas. Tampoco responde directamente Sermedes, la empresa entonces responsable de prestar asistencia médica en el CIE.
La abogada de la acusación particular insiste en que “todos los hechos han de ser enjuiciados”. Ayer el magistrado titular del juzgado de lo penal 21 no se lo puso fácil a la acusación, al declarar “impertinentes” más de una decena de las preguntas con las que se buscaba analizar la atención prestada a Samba Martine.
El entonces juez de control del CIE, Ramiro García de Dios, criticó la actitud del magistrado y del fiscal a la salida del juicio. “El sistema de funcionamiento del CIE es una estructura que ha propiciado la muerte de Samba”, dijo. “Me parece que el juez y el fiscal se han olvidado de su papel garantista. El fiscal parecía el abogado defensor y el juez no puede tener una opinión preconcebida y declarar impertinente pregunta tras pregunta”, lamentó.
Hoy intervienen en el juicio oral los peritos, tanto la médico forense que hizo la autopsia, como los otros médicos especialistas en infecciosos que han emitido informes periciales al respecto. Y el viernes, se realizarán los informes o alegatos de acusación y defensa.
Ojalá acaben estos siete años de impunidad.
Lo más preocupante es lo poco que ha cambiado el funcionamiento de los CIE
Colectivos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos, los derechos de las personas migrantes y el antirracismo, se concentraron ayer a las puertas de los Juzgados de lo Penal de la calle Julián Camarillo 11, para expresar el reclamo de “Justicia para Samba”.
Señalan especialmente la “ineficacia de un sistema judicial que rara vez da respuesta a las denuncias por la violación de derechos que se suceden tras los muros de estos espacios”. La expulsión inmediata de las víctimas y de quienes son testigos de los hechos, el escaso interés y en muchos casos los prejuicios de quienes tienen que impulsar la investigación, son claves de la “generalizada impunidad”, argumentan.
Esta semana, el juzgado nº 19 ha ordenado investigar unos hechos que la jueza considera pueden ser “constitutivos de delito de tortura”. Además de afirmar que se han violado “los derechos fundamentales de las personas internas” que han denunciado. “Nada que nos sorprenda, pero saludamos la decisión judicial”, afirman desde las organizaciones.
Pero insisten: “lo más preocupante es lo poco que ha cambiado el funcionamiento de los CIE en los casi 25 años de existencia”. Las denuncias dejan al descubierto que ni siquiera se respetan las sucesivas resoluciones dictadas por los jueces de control, creados especialmente para velar por el respeto a los derechos de las personas allí encerradas. Siguen siendo “centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”, como bien los definió, precisamente, uno de estos jueces.
Exigen el cierre inmediato de los CIE
Los colectivos exigen el «cierre inmediato de los CIE y el cese inmediato de su director, Antonio Montes Rodríguez», quien se desempeñaba como jefe de seguridad en ocasión de la muerte de Samba. “Las reiteradas violaciones de derechos humanos y la impunidad que las ampara, son el caldo de cultivo propicio para que un día cualquiera tengamos que lamentar la muerte de una nueva Samba, o Aramis, Idrissa, Mohammed o Jonathan, todas personas fallecidas mientras sufrían reclusión en uno de estos centros”.
