La jueza encargada de la investigación sobre los gastos en centros de Formación Profesional ha rechazado la personación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el procedimiento. La causa, que indaga en un supuesto fraccionamiento millonario de facturas, continuará avanzando esta semana con la declaración de tres investigados.
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El Ejecutivo autonómico había solicitado participar en el proceso judicial, pero la magistrada ha considerado que no cumple con los requisitos necesarios para ello. La decisión supone un revés para el Gobierno regional, que buscaba tener un papel activo en la instrucción del caso.
Las diligencias se centran en el presunto uso indebido de fondos públicos en la gestión de los centros de FP, mediante la división de contratos para evitar los controles administrativos. Esta semana, tres personas imputadas en la causa comparecerán ante el juzgado para prestar declaración sobre su implicación en los hechos.
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Desde la Comunidad de Madrid han defendido la legalidad de los procedimientos utilizados y han criticado la decisión judicial, insistiendo en que no hay ninguna irregularidad en la gestión de los fondos. Sin embargo, la oposición ha insistido en la necesidad de esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.
El avance de la investigación podría derivar en nuevas imputaciones o en la ampliación del procedimiento, mientras la Justicia sigue analizando la documentación y las pruebas aportadas hasta el momento.
