Desde Elín exigen que se respete la legislación internacional y que «no cosifiquen más vidas para utilizarlas como bienes intercambiables y que se habiliten vías legales y seguras que permitan a las personas ejercer sus derechos de solicitud de asilo y refugio»
La Asociación Elín ha emitido un comunicado para denunciar «la represión violenta ejercida por parte de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español y de la Gendarmería marroquí ante el intento de acceso por la zona del vallado fronterizo del Barrio Chino, en Melilla«, que consideran que «responde a una de las expresiones más sangrientas de las prácticas de nuestras políticas migratorias».
Para esta asociación, son «unos actos violentos que revelan la estructura racista y xenófoba de esas políticas porque, según la entidad, discriminan a las personas según su perfil étnico y procedencia, aun a pesar de ser personas que huyen de guerras, como las que intentaron acceder a la Ciudad autónoma en el día de ayer«.
Como destacan desde Elín, «muchas de estas personas que vivieron este desamparo proceden de Chad y de Sudán, países que, al igual que otros muchos, se encuentran inmersos en conflictos bélicos desde hace muchos años y de las que ACNUR reconoce su estatuto de personas refugiadas».
Además, en su escrito muestran su incomprensión a «cómo el presidente del Gobierno puede felicitar a Marruecos por estas actuaciones cuando, según fuentes de Rabat, de momento han perdido la vida más de una veintena de personas y otras 322 han resultado heridas al caer en una vaguada de la valla».
Desde la organización critican «el doble rasero con el que se trata a las personas procedentes de determinados países cuando, apenas 3 meses después, se ha demostrado que cuando existe voluntad política, la acogida y el establecimiento de vías legales y seguras para las personas que necesitan protección de sus vidas puede ser un hecho y se activan rápidamente con todas las garantías necesarias».
Para finalizar, en Elín exigen que «se respete la legislación internacional, que no cosifiquen más vidas para utilizarlas como bienes intercambiables y que se habiliten vías legales y seguras que permitan a las personas ejercer sus derechos de solicitud de asilo y refugio y de migrar preservando su integridad física y mental. Migrar es un derecho, no un delito«.
