Un juez federal en Seattle asestó un golpe a las polémicas políticas migratorias del expresidente Donald Trump al bloquear temporalmente una orden ejecutiva que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La decisión, emitida por el juez John Coughenour, respondió a una demanda liderada por cuatro estados demócratas.
La orden ejecutiva, firmada por Trump en su primer día en el cargo, buscaba impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales nacidos en suelo estadounidense obtuvieran la ciudadanía automáticamente. Esta medida fue calificada como «descaradamente inconstitucional» por el juez durante la audiencia.
Batalla legal en marcha
La controversia no se detuvo en Seattle. Grupos de derechos civiles y fiscales generales de 22 estados ya han interpuesto al menos cinco demandas, alegando que la orden viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este principio, vigente desde 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen».
La demanda en Seattle fue presentada por Arizona, Illinois, Oregón y Washington. Además, una coalición de 18 estados, encabezada por Nueva York, California y Nueva Jersey, presentó una demanda en Massachusetts. Estos estados denuncian que la medida de Trump no solo es inconstitucional, sino que también impondría costos indebidos a las administraciones locales al afectar la financiación federal vinculada a programas como los seguros médicos infantiles.
Los límites de la autoridad presidencial
La orden de Trump, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», buscaba redefinir un derecho consagrado durante más de un siglo. Sin embargo, expertos legales coinciden en que el presidente carece de autoridad para modificar o anular enmiendas constitucionales mediante órdenes ejecutivas.
«El presidente no tiene potestad para reescribir la Constitución», subrayaron los demandantes en sus escritos. Por su parte, Saikrishna Prakash, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Virginia, afirmó que este tema «será decidido por los tribunales» y no por una decisión unilateral del Ejecutivo.
Contexto histórico y reacciones
La ciudadanía por nacimiento fue reconocida tras la Guerra Civil, con la adopción de la 14ª Enmienda en 1868, y reafirmada por el Tribunal Supremo en 1898 para los hijos de inmigrantes. La orden de Trump revivió debates sobre temas como el «turismo de natalidad» y el concepto de «bebés ancla», utilizados por sectores que critican las políticas migratorias más permisivas.
Aunque Trump había amenazado con adoptar medidas similares durante su primer mandato, esta es la primera vez que intenta implementar un cambio de esta magnitud, lo que podría desencadenar una prolongada batalla legal.
La decisión del juez Coughenour representa un freno inicial, pero la disputa promete extenderse en los tribunales, dejando en manos del poder judicial la resolución de este controvertido intento de redefinir la ciudadanía estadounidense.
