La festividad de La Merced, tradicionalmente vinculada al ámbito penitenciario, ha vuelto a perder su carácter festivo debido al empeoramiento de las condiciones laborales en las cárceles españolas. Así lo denuncia CCOO, que reclama un cambio de rumbo para garantizar que el personal penitenciario pueda desarrollar su trabajo con seguridad, reconocimiento profesional y respeto por su papel en la reinserción social, tal y como marca la Constitución.
El sindicato señala que la falta de voluntad de los gestores penitenciarios para avanzar en la negociación colectiva dificulta de manera grave la mejora de las condiciones del sector. En este sentido, advierte de que las agresiones a trabajadores de prisiones se han convertido en una cuestión de “emergencia” y acusa a la Administración de incumplir la legalidad al tratar estos incidentes como “parte de la nómina”.
“Las agresiones tienen consecuencias permanentes sobre las víctimas y requieren tanto una política real de prevención como una protección integral cuando se producen”, subraya CCOO, recordando que el personal penitenciario es el más agredido de toda la Administración General del Estado. El sindicato aboga por unificar criterios con el resto de organizaciones sindicales y aplicar la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales en su totalidad.
Lee tambien: La Fiscalía pide inhibir las denuncias a la Audiencia Nacional
Entre las reivindicaciones más urgentes, la organización insiste en la necesidad de aplicar la jornada de 35 horas y la jubilación parcial para todo el personal penitenciario, compromisos que —recuerda— ya fueron firmados por la Administración.
Te interesa
Desde abril, CCOO mantiene un calendario de movilizaciones para exigir un nuevo Acuerdo Marco que mejore las condiciones laborales y recupere el poder adquisitivo perdido. En este sentido, critican que la adecuación retributiva prevista para 2025 llega tarde y anuncian que continuarán con la presión sindical para lograr incrementos salariales al margen de los Presupuestos Generales del Estado.
“El personal penitenciario no puede seguir siendo invisibilizado ni tratado como de segunda dentro de la Administración”, concluye el sindicato, que asegura que seguirá negociando, movilizándose y “peleando” hasta lograr avances reales en el sector.
