Señalan que cualquier Oferta de Empleo Público (OEP) que «no incremente al menos un 25% sobre la de 2022 será inferior en términos comparativos homogéneos«
Desde CCOO lamentan el «incumplimiento del plazo de publicación de la OEP 2023», fijado en el primer semestre del año por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. «Esto ha llevado a implementar unilateralmente la agenda política del Gobierno, sin respetar la obligación legal de negociación con las organizaciones sindicales, una falta de respeto que se concreta en la ausencia de documentación en las reuniones del 7 y 10 de julio». Por lo tanto, «esto hace imposible realizar una evaluación y una propuesta respecto de las cifras de empleo ofertado, además del rechazo a la mayor parte de medidas que garanticen la ocupación de las plazas de ingreso libre y la mejora y simplificación de la promoción interna para todo el personal».
La pérdida de personal público en la Administración General del Estado en 2022 (por jubilaciones, excedencias, fallecimientos y otras causas) superó en un 20 % a la de 2021. «El retraso en la publicación de las convocatorias y el alto número de plazas que resultan vacantes en los procesos selectivos hacen que sean poco efectivas las OEP que se ponen en marcha. Así lo demuestra la pérdida de plantilla en la AGE en los últimos cuatro años», cifrada por la propia Administración en 4.268 efectivos menos entre julio de 2019 y julio de 2022. Por tanto, cualquier OEP que no incremente al menos un 25 % sobre la de 2022 será inferior en términos comparativos homogéneos.
Respecto al destino de las plazas, destacan la reserva de 2.500 puestos para la Seguridad Social. Esta medida fue acordada entre el Gobierno y CCOO tras las movilizaciones realizadas por el personal del organismo, que concretaban al menos 2.000 plazas para el refuerzo de este servicio público. El incremento de un 25 % «en este ámbito viene a suponer una mejora del compromiso suscrito».
En cuanto al desglose de la OEP 2023, publicada este miércoles en el BOE, desde CCOO encuentran «una evidente disparidad entre la oferta para ingreso libre en el subgrupo C2 y el subgrupo C1». Se trata fundamentalmente de cuerpos que se encargan de la atención directa a la ciudadanía, aunque también hay una parte de ellos dedicados a otros servicios como la informática. Así, se pasa de 8.790 para el acceso a cuerpos de C1 a 1.073 de C2. Una disparidad a la que no encontramos justificación, más cuando el subgrupo C2 es la única puerta de entrada a la administración pública para personas con un nivel de estudios básico.
La situación se multiplica respecto al personal laboral, con un escalón inexplicable entre los 16.232 puestos de personal funcionario y los 2.562 de personal laboral.
En cuanto a la promoción interna, el salto «es aún más acusado en lo que se refiere al personal funcionario. Si bien se mantiene una pirámide que parece razonable entre los subgrupos C1, A2 y A1, con 3.743, 2.442 y 1.407 plazas respectivamente, solo se ofertan 300 para la promoción al C2». Eso supone menos de un 10 % de las plazas de promoción para el C1, y no parece responder al objetivo de reforzar el servicio público de atención directa a la ciudadanía.
La relación de plazas de promoción interna ofertadas para personal laboral parece proporcionada, con 1.649 frente a las 7.892 de personal funcionario. Sin embargo, como en el ingreso libre, no se detallan los grupos de ingreso y promoción de personal laboral, limitándose a la referencia a los diferentes convenios existentes.
En definitiva, las cifras siguen «presentando dudas sobre si de verdad hay una generación de empleo público neto en la AGE». Sobre todo, porque «el punto de partida es el mismo: la ausencia de datos respecto a las bajas del período anterior. Con un número de bajas estimado en un 20 % más que en 2021, resulta evidente que la OEP se va a incrementar al menos ese 20 %, como ha sucedido. Pero eso es mantener la relación de reposición, y no crear empleo público en un ámbito que ha perdido más de 4.000 trabajadores y trabajadoras en los últimos cuatro años».
