Una funcionaria del Gobierno de Canarias expresó sus dudas sobre la compra de mascarillas al empresario Aldama, uno de los principales comisionistas implicados en las operaciones de adquisición de material sanitario durante la pandemia. “¿Estamos seguros? Hemos comprado más baratas”, habría manifestado la empleada pública en un intercambio interno, revelando su preocupación por el precio y la transparencia del contrato.
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El expediente forma parte de la investigación abierta sobre las compras de emergencia realizadas en 2020, cuando el Ejecutivo canario, presidido entonces por Ángel Víctor Torres —actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática—, gestionó la adquisición de material sanitario en un contexto de urgencia.
Según fuentes del caso, Torres mostró interés en desbloquear el pago a Aldama una vez tuvo conocimiento de que el empresario valoraba presentar una denuncia por el impago de las mascarillas. El ministro, sin embargo, ha defendido que su actuación se limitó a garantizar que los procedimientos administrativos se resolvieran conforme a la legalidad y sin interferir en las investigaciones.
El contrato con Aldama, valorado en varios millones de euros, se enmarca en las operaciones de emergencia aprobadas durante los primeros meses de la pandemia, cuando diversas administraciones públicas cerraron acuerdos rápidos para la adquisición de material sanitario en un mercado global saturado y con precios en alza.
El caso continúa bajo investigación judicial para determinar posibles irregularidades en la contratación y en los pagos asociados a la empresa intermediaria, así como la posible responsabilidad de los funcionarios y cargos públicos implicados.
