La Audiencia Nacional afronta una de sus semanas más decisivas en el marco de la investigación sobre la entrada masiva de personas registrada en la ciudad autónoma de Ceuta. El foco se sitúa de lleno sobre el exdelegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, cuya declaración como investigado está fijada para este 18 de noviembre ante la jueza magistrada María Tardón.
Las claves de la citación y la instrucción
Esta imputación se convierte en el movimiento judicial más relevante desde que se abrió la causa. La investigación busca esclarecer las incógnitas clave de aquella crisis migratoria: qué alertas institucionales se recibieron, en qué momento exacto se emitieron y a quiénes se les trasladaron.
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Hasta el momento, uno de los puntos más disputados de la instrucción gira en torno a los avisos previos procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Mientras que el exjefe de gabinete de la Delegación sostuvo que trasladó los avisos de inteligencia a Pérez Triano, el exdelegado siempre mantuvo haber informado de las alertas generales de las que tenía constancia, negando conocer la verdadera envergadura de la avalancha del 30 de julio.
La desclasificación de los informes del CNI autorizada por el Gobierno y la llamada a declarar a miembros de este organismo de inteligencia han propiciado un escenario donde la jueza busca depurar todas las responsabilidades políticas y operativas.
El trasfondo político y la presión institucional
La figura de Pérez Triano ha estado bajo el ojo público desde el pasado verano. Semanas después de los altercados y tras una fuerte presión social y política en la ciudad —que incluyó protestas frente a la propia Delegación del Gobierno—, Pérez Triano presentó su dimisión a finales de septiembre, alegando que su familia «no se merecía esta presión».
Por su parte, la magistrada María Tardón ha dejado negro sobre blanco en sus resoluciones que aquella entrada masiva «no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado» diseñado con el propósito de colapsar la gestión fronteriza y anular la capacidad de respuesta de España.
Con la declaración del exdelegado en el horizonte inmediato de esta semana, la causa avanza con el objetivo firme de esclarecer la sombra de la gestión institucional y determinar el alcance de las responsabilidades de altos cargos en una de las mayores crisis vividas en la frontera ceutí.
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